Ni el chaleco ni el carné los salva del peligro

La injusticia produce disgusto. El disgusto impulsa a salir y gritar en las calles. Durante los últimos años, tambores, arengas, pancartas y multitudes que protestan se convirtieron en la representación tangible de las exigencias e inconformidades de la ciudadanía. La pandemia agudizó lo injusto y no detuvo a los manifestantes.

En las últimas semanas circularon en las redes sociales, y en los medios de comunicación nacionales e internacionales como CNN, imágenes que muestran los abusos de la autoridad policial en Bogotá, al punto de llegar a la tortura y asesinato de Javier Ordóñez, un estudiante de derecho de aproximadamente 42 años.

Las calles se llenaron del grito de la ciudadanía en contra de lo ocurrido. Había fuego, humo, caos, protestantes pacíficos, protestantes violentos. Y ahí, justo en el medio, civiles encargados de defender los derechos humanos de quienes ejercían el derecho a la protesta. Su rol solo se hizo visible cuando en las redes sociales empezó a circular la denuncia de organizaciones sociales como El Colectivo de Abogados José Albéar Restrepo (CAJAR) en el que exigían la liberación inmediata de defensores víctimas de detenciones arbitrarias.

Según el informe titulado La Ceguera del programa Somos Defensores, en Colombia, durante los años 2018 y 2019, se registraron 1.649 agresiones a defensoras y defensores de Derechos Humanos. Sin embargo, esta cifra no discrimina a quienes ejercen ese rol en el marco de las protestas sociales.

La UIP habló con distintos abogados y defensores de más de 10 organizaciones de derechos humanos, y todas coincidieron en reportar algún tipo de vulneración hacia sus integrantes, antes, durante y después de una marcha o movilización.

Isabel Fajardo, presidenta de la Red popular de Derechos Humanos REDHUS relata: “De nuestra organización, por ejemplo, alrededor de tres o cuatro personas hemos sido objeto de amenazas. Una de los miembros de la organización, tiene que andar con esquema de seguridad”. De igual manera Oscar Ramírez, de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, menciona: “lo vivimos en los diferentes paros universitarios donde las bombas no eran dirigidas a la multitud sino a los defensores de derechos humanos. También hemos sido víctimas de traslados arbitrarios e injustos, maquillados como traslados por protección, donde dicen que estamos interfiriendo en el proceso policial por estar grabando o sencillamente por estar solicitando el nombre, el número de cédula de una persona que está detenida”.

INTIMIDACIONES Y PANFLETOS ANTES DE LA PROTESTA

“Usted por qué es tan sapa”. “Usted por qué se mete en lo que no le importa”. “Usted es muy joven, tiene mucha vida por delante”. “Ya sabemos dónde vive”, “bueno, yo sé también donde estudia su hermana, entonces es mejor que se quede quieta un tiempo”.

Así son las amenazas que una joven defensora de la Red Distrital de Derechos Humanos ha recibido por parte de grupos paramilitares antes de que inicie una jornada de protestas. Ella, y otros de sus compañeros, encuentran en las paredes de las universidades en las que estudian, leyendas que pregonan amenazas. También han sido interceptados en el transporte público por hombres que les entregan panfletos amenazantes. Esta defensora ha pedido la reserva de su nombre, pues no solo teme por su vida sino por la de su familia.

El riesgo no es menor para quienes se preparan para asumir el rol de defensores en las protestas en las zonas rurales y municipios distantes de las capitales departamentales. Campesinos e indígenas se enfrentan a grupos armados ilegales de distinta naturaleza y eso complejiza la misión.

Para un defensor de derechos humanos indígena, su labor trasciende la manifestación. “Hay que estar preparados para hacer una denuncia en un medio de comunicación nacional o internacional, pero también hay que estar preparado para poder ir a recoger a un herido o para simplemente ir y ayudar con la leña para la comida que se va hacer”, menciona Óscar Montero defensor y líder indígena del pueblo Kankuamo.

Según un comunicado publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Minga indígena del Suroccidente, que se unió al paro nacional en abril de 2019, fue víctima de amenazas tras anunciar que participaría en la señalada protesta. El 8 de abril circuló un panfleto en el que las autodenominadas Águilas Negras amenazaban de muerte a consejeros, gobernadores y defensores integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), además de ofrecer 100 millones de pesos a quienes fueran responsables de su asesinato. Frente a esto Montero concluye: “Las amenazas no limitan o no paran la movilización, antes en muchos casos, con mayor fuerza se sale a la movilización para contrarrestar este tipo de amenazas”.

EN MEDIO DEL CAOS: LA FUERZA PÚBLICA COMO PRINCIPAL AGRESOR

-¡Por favor, cálmense! Esto tiene unos protocolos y ustedes están obligados a cumplirlos- gritó Erika Prieto, representante del Congreso de los Pueblos, a los agentes del Esmad que golpeaban a un manifestante que se resistía a un proceso de captura. Pero en un santiamén, sintió el puño fuerte y negro de un agente del Esmad sobre su rostro. Un tremendo dolor le impidió continuar el reclamo. La misma suerte corrió una compañera de la Personería que la acompañaba, y a quien los golpes del Esmad le dejaron una fisura en una de sus costillas. Erika tuvo hematomas en su rostro por más de quince días. Todo ocurrió mientras cubría las manifestaciones realizadas a los alrededores de la Universidad Nacional durante enero de 2020.

Para Óscar Ramírez, abogado y defensor, las condiciones durante una protesta son iguales para los manifestantes y defensores, tanto en vulnerabilidad como en las garantías de su defensa. Asimismo, Erika Prieto, se refiere a que dichas garantías son prácticamente nulas, pues si no las hay para la misma movilización social, mucho menos para los que denuncian las irregularidades que se presentan en ella.

“Muchas veces el armamento (que usa el Esmad) se ha utilizado no para disuadir a los manifestantes sino para atacar al defensor de derechos humanos que está intentando dialogar”, manifiesta Ramírez. Esta afirmación coincide con las cifras del informe realizado por la Red Distrital Universitaria de Derechos Humanos, según las cuales solamente en Bogotá de las 126 vulneraciones reportadas durante las protestas de octubre a noviembre del año 2018, el 12.6% corresponde a agresiones contra las y los defensores.

En las zonas rurales esta situación también preocupa, por casos como el del defensor indígena Ceferino Yunda Camayo, quien según la OMCT fue asesinado luego de que la Fuerza Pública realizara una intervención en la que le disparó a la multitud.

Para las mujeres defensoras el panorama es más complejo, ya que los abusos por parte de la Fuerza Pública no solo implican agresiones físicas, sino también, agresiones verbales y psicológicas, así lo explica la defensora de la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos: “Cuando a ti te dicen que te van a llevar a un CAI para que sepas lo que es un hombre realmente, a ver si así les callamos la boca, eso también es violencia sexual, y sí, sí la he vivido”. Y continúa contando las frases que le dijeron mientras realizaba su labor durante el año 2018 en un plantón cerca de la Universidad Javeriana: “Usted tan linda y flaquita, ¿por qué defiende los derechos humanos?, ¿por qué no se va para su casa?, ¿no le da miedo que le pase algo?”

Casos como este representan el tipo de vulneración al que las defensoras -por el simple hecho de ser mujeres- se ven sometidas. “Vimos cómo preferían golpearnos más a las compañeras que a los compañeros. También teníamos defensores hombres en terreno y a ellos no les pasó nada”, manifestó Erika Prieto.

A pesar de las vulneraciones previamente expuestas, el coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante de la Unidad de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, señala en respuesta escrita a un cuestionario enviado por la UIP, que la labor que prestan los defensores de derechos humanos “es excelente. Su labor merece todo nuestro reconocimiento”. Además, explica que antes de las protestas: “Se tiene una relación previa a través de las reuniones programadas por las autoridades político administrativas (...) con el fin de mantener una comunicación directa y de acompañamiento en el antes, durante y después del servicio”. También advierte que “solamente las intervenciones policiales están dirigidas a los ciudadanos infractores de la ley o al foco de violencia, garantizando siempre que los ciudadanos que ejercen su derecho de forma pacífica puedan seguirlo realizando”.

Para estos escuadrones de la Policía Nacional, la labor de los y las defensoras “merece todo el reconocimiento de las instituciones y de la sociedad, puesto que son esenciales para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de los ciudadanos”. No obstante, las denuncias por abuso de autoridad y la malinterpretación de la ley, con capturas ilegales o mediante prácticas como el traslado por protección, parecen contradecir estas declaraciones.

Según el artículo 155 del Código Nacional de Policía, el traslado por protección es un proceso que se aplica cuando la vida de una persona, o de terceros, se encuentre en riesgo. Quien sea trasladado deberá ser entregado a un familiar o allegado, y en caso de que estos no se encuentren será llevado a su domicilio o un centro de salud. En ningún caso podrá ser trasladado a un sitio destinado a la privación de la libertad.

Sin embargo, en múltiples casos se ha denunciado una interpretación arbitraria de la medida, al utilizarla para retener sin justificación a manifestantes y defensores cuando son partícipes de una protesta social, siendo retenidos y trasladados en vehículos identificados y no identificados, y en la mayoría de los casos liberándolos horas después por falta de pruebas.

En febrero de 2020 el periódico El Espectador reveló, con base en informes de la ONG Temblores, que solamente en Bogotá, entre el 21 de noviembre de 2019 y el 22 de diciembre del mismo año, se registraron 11.903 casos de traslado por protección. Ante esto, César Augusto Orjuela Triviño, miembro del Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (GAEPVD) y asesor del despacho de la Personería de Bogotá, manifiesta que, aunque la Fuerza Pública ha mejorado sus procedimientos e intervenciones, tiene falencias en prácticas como el traslado por protección. “No puede ser posible que una persona dure ocho, nueve o diez horas en un vehículo de la Policía antes de llegar al centro de traslado por protección, incluso cuando amerite la medida. Esos tiempos deben ser mucho más cortos porque es una garantía para el ciudadano que va a ser trasladado”.

Por su parte, el Procurador delegado para la defensa de Derechos Humanos, Carlos Medina, explica que se han realizado debates con la Secretaría de Seguridad del Distrito, el Subsecretario de Gobierno y la Policía Nacional sobre la interpretación que se está dando por parte de la Fuerza Pública al asunto del traslado por protección. “Nosotros hemos tenido discusiones fuertes, en caliente, en el momento de protestas, en los que han llegado a conducir estudiantes a estos sitios y le ha tocado al Ministerio Público, Defensoría, a la Procuraduría y a la Personería intervenir duro el diálogo con la Fuerza Pública. Consideramos que efectivamente la norma no permite ninguna interpretación como lo hace la Policía”. No obstante, estos diálogos que se estaban realizando quedaron en pausa debido a la situación generada por la llegada del Covid-19.

Los diálogos se detuvieron, pero las manifestaciones no. Justamente el 10 de septiembre, durante las protestas que se produjeron tras la tortura y asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía Nacional, empezó a circular en redes sociales un video en el que Laura Félix, defensora de 19 años, perteneciente a la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, denuncia desde el interior de una patrulla que fue retenida de manera ilegal, mientras se encontraba acompañando la movilización que tenía lugar al norte de Bogotá.

Sin argumentar la razón de su detención, relata Félix, ella y otros tres defensores fueron capturados y agredidos por interlocutar con miembros de la Policía que iban a capturar a unos manifestantes. Más tarde, fueron conducidos a la estación de Usaquén, en una patrulla que llevaba alrededor de 15 personas, irrespetando las medidas de bioseguridad. El conductor manejó de manera brusca, asegura la defensora, durante un trayecto de más de 40 minutos, hacia una estación que queda muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Al final, luego de tres horas, y sin la presencia de los oficiales que los capturaron, ella y sus compañeros defensores fueron dejados en libertad sin haber esclarecido el porqué de su captura.

EL CAOS NO TERMINA: LEYES Y AMENAZAS PERSIGUEN A LOS DEFENSORES

El Paro Nacional, que había inciado el 21 de noviembre de 2019, retomó en el mísmo número de enero de 2020. Darnellis Rodríguez, defensora de derechos humanos en los movimientos campesinos del Valle del Cauca, recuerda que se despertó el 27 de enero y lo primero que vio al mover las cortinas de su habitación fue un panfleto que decía: “ÚLTIMA ADVERTENCIA, TODOS MORIRÁN”. La nota la firmaban las Águilas Negras.

Darnellis, y otras defensoras, aseguran que su labor es incómoda para algunos sectores. Los panfletos firmados por grupos armados ilegales son la herramienta que usan para permear la labor de la defensa de los derechos humanos, incluso cuando las protestas están llegando a su fin o ya terminaron.

En el marco del Paro realizado en 2019, ella y su grupo de defensa fueron víctimas de múltiples amenazas y ataques. Después de investigar lograron identificar a algunos de los responsables. “En una de esas amenazas que a mí me hacen en el marco del Paro, que fueron varias, no fue solo el atentado, ni la llamada, fueron otras. Identificamos agentes de la SIJIN que eran los que generaban las mismas amenazas. Así cara a cara, te decían por ejemplo, “ay ya deja de molestar con eso, que te va a salir con la boca llena de moscas, tirada por ahí en cualquier cebra”.

De acuerdo con este tipo de relatos, una vez culminada la protesta social, las y los defensores continúan en riesgo. “Las amenazas, si tú las ves, no dicen ‘por ser abogado, o por ser defensor de tal...’ sino es por ser terroristas, punto”, revela David Flórez, abogado y defensor perteneciente a la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS) quien, desde 2006, ha recibido cerca de 50 amenazas.

Tal parece que la poca vigilancia social y mediática posterior a la protesta influye en el flujo de estas amenazas. Así lo confirma Yimmy Alexander Moreno, vocero de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, quien relata que, una vez terminada la Minga Indígena del Cauca, realizada entre marzo y abril del 2019, en la que él ejerció como defensor indígena de derechos humanos, cinco hombres rondaron su casa, en Floridablanca, Santander, con actitud de vigilancia. Días después, agentes identificados como miembros de la SIJIN estuvieron indagando por su vida personal.

Este hecho fue denunciado por la OMCT en su comunicado del 16 de abril de 2019. Posteriormente, el 4 de Octubre del 2019, la Revista Semana denunció que inteligencia militar había estado interceptando y registrando las comunicaciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos algunos integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Con dos años de experiencia en la defensa de derechos humanos, Brayan Segura, estudiante de derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca, afirma que el seguimiento y asesinato a defensores es algo histórico. Panfletos, mensajes de texto, llamadas y hasta grafitis en paredes, hacen parte de las múltiples herramientas que tienen los hostigadores para intimidar a las personas que ejercen este rol. Además, se deslegitima su labor cuando el Gobierno, la Fuerza Pública y la sociedad los vincula con grupos subversivos.

“En el marco de la defensa de los derechos humanos, en este país, con las dinámicas paramilitares que tenemos, hay que ser sinceros con eso, siempre se persigue a la persona que trabaja en la defensa de derechos humanos”, afirma la defensora de la Red Distrital de Derechos Humanos, que decide reservar su nombre.

Estas acciones de intimidación no se limitan a amenazas y persecución por parte de grupos armados legales e ilegales. También, los funcionarios públicos avivan la llama de la estigmatización de todos los involucrados en la protesta social. En septiembre de 2019, durante el Congreso de Confecámaras, el entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero, afirmó: “cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, o ayer, que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”.

Este tipo de afirmaciones justifican la denuncia realizada por la OMCT, en la que asegura que las jornadas de protesta de la Minga del suroccidente estuvieron permeadas por una campaña de estigmatización que promovió expresiones de odio hacia manifestantes y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Erica Prieto, defensora de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, argumenta que este actuar de los funcionarios públicos tiene un proceder mancomunado con los medios de comunicación. Pues las especulaciones de las que son víctimas las personas que acompañan las movilizaciones se convierten en un detonante para que los organismos de investigación del Estado (Fiscalía) procedan a generar indagaciones y resultados que satisfagan a la opinión pública.

Hernán Restrepo, gestor de contenidos de la Red Ética de la Fundación Gabriel García Márquez, argumenta que es equivocado hablar en general de los medios de comunicación y “meterlos a todos en una misma bolsa”. Dado que “en nuestro país hay libertad de prensa, hay pluralidad de medios y pluralidad de puntos de vista respecto a cómo se cubre el tema de los derechos humanos”.

Sin embargo, el informe de Criminalización de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, realizado por la OMCT, CSPP, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) y el Programa de Garantías para la Paz, registra que “en el 82% de los casos que tuvieron algún cubrimiento mediático, hubo una tendencia a estigmatizar y desprestigiar la labor de defensa de los derechos humanos, puesto que se reproducen declaraciones estigmatizantes sin ninguna distancia crítica y se prejuzga de manera anticipada a las personas detenidas”. Frente a esto, Restrepo comenta que el problema ético de los medios de comunicación, en ocasiones, es que se quedan con las mismas fuentes oficiales y no lo ponen en duda.

Esos contenidos parcializados influyen para que las personas que se atreven a defender los derechos humanos en las protestas sociales deban enfrentar ataques jurídicos, injustificados y carente de pruebas. Al respecto Prieto comentó: “en el último paro que tuvimos en Cali, en una de las actividades que estaba programada por el Comando Nacional de Paro, se detiene a la compañera Magaly Pin. Ella es defensora de derechos humanos del Congreso de los Pueblos. La detienen ese día y de manera arbitraria la querían judicializar. Afortunadamente estaban los videos de la gente, que nos los entrega casi que, de manera inmediata, y se logra demostrar que nada tenía que ver ella con lo que le querían implantar (señalar)”.

Historias como esta se suman a la preocupación planteada en el informe de Criminalización de la Defensa de los derechos humanos en Colombia, donde se evidencia que en el país hay uso indebido del derecho penal, acción que hace parte de las agresiones más constantes hacia las personas defensoras de derechos humanos una vez terminada la protesta. “Tomando como referencia el año 2012, para el 15 de julio de 2019, ha habido un incremento del 244% de casos en los cuales se hace uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de la defensa de derechos humanos”.

El informe explica que estas acciones jurídicas recaen principalmente en organizaciones que velan por el bienestar del medio ambiente; y en segundo lugar están las personas defensoras que promueven y participan en el ejercicio de la protesta social, puntualmente en los paros agrarios y mingas indígenas.

Según el portal Rutas del Conflicto, Gustavo Carrión después de ser operario de Ecopetrol, se convirtió en líder ambiental y defensor de derechos humanos en el departamento del Meta. En 2018 es capturado y culpado de cometer 9 delitos, entre ellos obstrucción de vías públicas, terrorismo y daño en bien ajeno. Según la fiscal del caso, adscrita a la Estructura de Apoyo (EDA) de Villavicencio, todos los hechos ocurrieron en diversas protestas de carácter social, ambiental y laboral. Después de permanecer cerca de 15 días preso, Carrión y otros seis líderes salieron en libertad, pues la jueza de control de garantías dictaminó que las pruebas no eran suficientes para inculpar a los defensores.

Frente a esto, Alirio Uribe, defensor y abogado miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), manifiesta que estas prácticas y la manipulación de los procesos judiciales son una constante en Colombia. “Se tiene casos donde la Fiscalía utiliza desmovilizados, falsos testigos, y los testigos por conveniencia, que dan declaraciones contra defensores, y se hacen montajes judiciales”. Uribe también añade que esto se debe a que hay una “distorsión de la democracia”, pues la justicia debería tener una independencia total respecto de los conflictos sociales que se presentan en los territorios.

Según el documento Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco normativo y penal del país, existen una serie de criterios ambiguos que facilitan la criminalización de los y las defensoras en la protesta social. Un ejemplo de esto es la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), que alude a los delitos de obstrucción de vías que afecten el orden público y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial.

En el marco de las movilizaciones realizadas el 25 de abril de 2019, en la ciudad de Bogotá, la Policía Nacional detuvo con fines de judicialización a 17 personas. Dos días después, el Juez 69 Penal Municipal declaró que todas las capturas presentadas fueron ilegales y añadió que los informes presentados por los policías tenían descripciones imprecisas y falsas, así se expone en el informe Criminalización de la Defensa de los Derechos Humanos.

Para verificar cuantas personas defensoras de derechos humanos habían sido procesadas o tenían alguna investigación en contra por los delitos mencionados, desde la UIP se envió un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, pero al momento de la publicación de esta investigación no había respuesta.

Al evidenciar este sin número de vulneraciones y atentados en contra de los y las defensoras de derechos humanos, se pensaría que no hay ninguna entidad, ley u organismo que vele por la seguridad de estas personas. Sin embargo, en el papel, ocurre todo lo contrario. Incluso, al cierre de este reportaje, la Corte Suprema de Justicia ordena al Gobierno Nacional garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Este fallo histórico se debe a una tutela presentada por distintas organizaciones, entre ellas las que velan por los derechos humanos. Además, parte del logro se debe a que defensores y defensoras lograron evidenciar las constantes agresiones por parte de la Fuerza Pública que se presentaron en noviembre del 2019 durante el Paro Nacional.