Era el 21 de enero de 2020, Colombia recibía la segunda década del siglo con una nueva oleada de protestas. El Paro Nacional completaba dos meses. Había iniciado el 21 de noviembre de 2019, y dos días después lo había enlutado el asesinato de un estudiante de 18 años, Dilan Cruz, cometido por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en medio de una manifestación pacífica. Un motivo que avivó el ánimo de los manifestantes.

Aquel martes de enero, bajo el cielo nublado de Bogotá, Óscar Moreno, un estudiante de la Universidad Pedagógica, caminaba entre las protestas. Llevaba puesto un chaleco marrón y el cabello recogido. No había olvidado el caso de Dilan, por el contrario, lo impulsaba a seguir con ahínco en la misión en la que llevaba nueve años: ser defensor de derechos humanos en el marco de las protestas sociales.

Y ahí estaba de nuevo la escena, esa que tanto conocía: agentes del Esmad propinaban una golpiza a un manifestante. Moreno, conocedor de los protocolos y normatividades de la protesta social, intervino ante la vulneración. Pidió a los agentes que pararan. La respuesta fue contundente: cuatro policías arremetieron en su contra con golpes. Los tres días siguientes los pasó en su cama, soportando las consecuencias físicas. Hasta el movimiento más leve de sus dedos lo obligaba a respirar hondo para soportar el dolor.

En los últimos años se ha incrementado la protesta social en Colombia, así lo demuestra la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la cual destaca que durante los primeros cien días de la presidencia de Iván Duque la protestas aumentaron en un 59%, respecto al año 2017. En este contexto, jóvenes estudiantes como Óscar se han convertido en defensores de derechos humanos que actúan en escenarios de protestas. La labor implica registrar y denunciar las acciones ilegales en las que incurren miembros de la Fuerza Pública contra los manifestantes.

Con esa información han contribuido a la base de datos titulada Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas. Gracias al análisis de los datos que allí se almacenan, la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano encontró, que en el país, en las manifestaciones realizadas desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2020, se han denunciado 233 intervenciones irregulares por parte del Esmad, seguido de 119 por parte de la Fuerza Disponible. Bogotá es el foco de las vulneraciones, seguido de Cauca, Antioquia y Atlántico.

De los 293 registros hechos por el SIAP, se determina que el sector social más afectado es el estudiantil. También los pobladores urbanos y los grupos étnicos presentan un importante número de afectaciones.

Invisibles pero invencibles

Aunque el país cuenta con defensores oficiales del Estado, que también asisten a la protesta social y median entre la Fuerza Pública y los manifestantes -en representación del Ministerio Público-, esta investigación periodística se centra en aquellos que históricamente han sido invisibilizados. Esos civiles, en su mayoría estudiantes universitarios, que, de manera voluntaria, y sin recibir remuneración, ejercen el rol de la defensa en las protestas sociales.

Óscar Moreno es uno de esos estudiantes que tras participar activamente en distintas protestas, reconoció la necesidad de defender a aquellos que como él fueron y siguen siendo vulnerados. Tomó la decisión inspirado en la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016. Las reflexiones que ese proceso le generaron, sobre la situación del país, lo impulsaron a dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Fue así como dejó de lado su rol de manifestante y se convirtió en defensor en las protestas sociales.

Aprendió que el diálogo es la regla. Entonces cuando hay protestas verifica que a las personas que participan no se les violen sus derechos, e interviene cuando los agentes de la Fuerza Pública están obrando de manera irregular. Su accionar es respaldado con la resolución 53/144, establecida por la Asamblea General de la ONU, la cual dicta que “la actividad de muchos defensores tiene por objeto lograr que se rinda cuentas de la observancia de las normas relativas a los derechos humanos”.

-Ese no es el armamento autorizado. Ese no es el protocolo. ¡Por favor! le pedimos a usted, comandante de escuadra, que regule a determinadas personas-, ejemplifica Óscar Ramírez, defensor, abogado y miembro de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, mientras explica al equipo de periodistas cómo actúan los y las defensoras en medio de las manifestaciones.

Los defensores también registran de forma escrita y audiovisual las detenciones que realiza la Fuerza Pública durante las protestas. “Todo defensor, defensora de derechos humanos debe tener la capacidad de responder a una situación de vulneración. Documentar, recoger los datos, hacer las denuncias. Yo genero bitácoras que son como el relato: hora y lugar, que nos permite hacer las denuncias sobre los casos de abuso”, explica Francisco Chauta, defensor y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional.

Durante las manifestaciones sociales los defensores utilizan un carné y un chaleco que les permite ser identificados. Este factor es más frecuente en las protestas urbanas que en las rurales. “Tener el chaleco y tener el carné garantiza que a uno no se le pueda confundir con los demás y resultar herido accidentalmente, como ocurre muchas veces cuando no se tiene”, relata Erika Prieto, defensora y vocera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos. Sin embargo, el uso de estos implementos no es obligatorio para que puedan ejercer su rol, ni tampoco garantiza que vayan a estar exentos de ataques o agresiones.

“Nosotros no es que estemos encasillados en una sola función, sino que hay que estar preparados para todo (…) hay que entender que como las movilizaciones son tan amplias y son tan grandes, hay veces donde sí definimos roles puntuales”, explica Óscar Montero, defensor de derechos humanos indígena. Para definir estos roles, los grupos de defensores se organizan en Comisiones de Verificación e Intervención (CVI). Así, de manera previa, ya saben quién tendrá el rol de mediar, quién la de registrar y quién la de grabar los hechos ocurridos.

En Bogotá existe un protocolo que regula la protesta social. Fue promulgado con el decreto 563 de 2015. “Se implementó durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, con altas y bajas. En ese protocolo se reconoce la existencia de Comisiones de Verificación e Intervención (CVI). Todo aquel que decida defender los derechos humanos tiene ese derecho a ejercer esa defensa y debe ser respetado por la Fuerza Pública y las autoridades de gobierno”, expone Óscar Ramírez.

Cuando termina la explicación, relata el cubrimiento -como en el mundo de los defensores se le llama al trabajo en terreno- de la marcha del sábado 23 de noviembre de 2019. Recuerda cómo en medio del caos lograron organizarse para registrar lo ocurrido. “Mientras una persona grababa, otro interlocutaba y otro documentaba de manera escrita qué era lo que estaba pasando”. Estas evidencias sirvieron de prueba para identificar puntualmente al agresor.

Ramírez se refiere a la protesta que se daba en la Avenida 19 con carrera cuarta, en el caótico centro bogotano. Entre los manifestantes iban jóvenes que reclamaban el derecho a la educación superior pública. Tras ellos un grupo de integrantes del Esmad, cubiertos por sólidos trajes negros, accionaron sus armas para evitar que los manifestantes se dirigieran hacia el sur de la ciudad en busca de la Plaza de Bolívar. Manuel Cubillos, capitán del Esmad, disparó su escopeta calibre 12 -considerada arma no letal- contra los manifestantes. El sonido apabullante hizo correr a los jóvenes, pero segundos después descubrieron que uno de ellos estaba en el piso, herido de gravedad en la cabeza. Era Dilan Cruz, quien dos días después murió en el hospital San Ignacio.