El Ministerio Público, conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Personería y la Defensoría del Pueblo, se encarga de prevenir, mediar y realizar un proceso de acompañamiento a la Fuerza Pública y a la protesta social. Sin embargo, aún se presentan casos como los registrados durante las protestas que se desarrollaron el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, tras el asesinato de Javier Ordóñez por parte de policías. En esas protestas, según la Secretaría de Salud, solamente en Bogotá se registraron 10 muertos y 581 heridos, de los cuales 75 fueron por arma de fuego.

La Unidad de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, en respuesta escrita a un cuestionario enviado por la UIP señala que, “el primer obligado a defender sus derechos es el mismo uniformado con ocasión de su cargo”. Refiriéndose a que los funcionarios de la Fuerza Pública son quienes tienen que hacer respetar sus derechos. Y agrega que, “claramente los ciudadanos u organizaciones defensoras de derechos humanos tienen la obligación de defender los derechos de todas las personas sin distinciones de cargos, funciones o roles".

Por el contrario, Mateo Gómez, defensor delegado de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario (DIH), menciona que “la constitución justamente le dio las armas y le dio a la Fuerza Pública un mandato y una responsabilidad constitucional, en virtud de la cual ellos ejercen sus funciones. Ellos son los únicos legitimados dentro del Estado colombiano para portar armas y para poder hacer uso de las mismas, por lo tanto, no necesitan que nadie les defienda”.

Erika Prieto, vocera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, reafirma lo que indica Gómez: “Como defensores de DD.HH. no tenemos ningún papel ni de orden público ni de control sobre otros civiles. Nosotros hacemos un control sobre el Estado por ser el garante de los derechos humanos (...) Las comisiones de derechos humanos en terreno no estamos pensadas de ninguna manera para ejercer control sobre otros civiles. Nosotros somos población civil ejerciendo un control sobre el Estado”.

De acuerdo con esto, para los defensores de derechos humanos velar por la seguridad de los funcionarios de la Fuerza Pública y denunciar las acciones violentas que se puedan desarrollar por los manifestantes en el marco de la protesta social, no está entre sus funciones, ya que como lo dispone la ley, esto es obligación de las autoridades allí presentes; por lo tanto, aseguran que su labor como defensores es vigilar el accionar de los representantes del Estado para que no violen derechos de los civiles. En conclusión David Flórez, abogado y defensor, expone que “un defensor de DD.HH. en acción, lo que hace es evitar el mayor daño posible de quienes participan directa o indirectamente del choque ( que se presente en la protesta)”.

En general, la vulneración a los derechos de los defensores de derechos humanos en el marco de las protestas sociales se da por el desconocimiento de su rol, o bien, porque su labor está tan presente que incomoda e interrumpe los intereses de otros. Debido a esto, los y las defensoras levantan su voz queriendo ser escuchados.

“Nosotros y nosotras hacemos esto porque queremos que se garanticen los derechos de las personas en general, decirles que nosotros y nosotras somos seres humanos como cualquiera, que merecemos ser tratados con respeto, que nosotros no somos enemigos de la Fuerza Pública, nosotros no estamos ahí para torpedear el accionar de ellos, sino para que ejerzan su acción en el marco de lo legal, de lo jurídico”, comenta Darnellis Rodríguez defensora de derechos humanos en los movimientos campesinos del Valle del Cauca.

La Fiscalía General de la Nación en respuesta a un derecho de petición enviado por la UIP, señala que entre el primero de enero de 2016 y el 25 de octubre de 2020 se adelantaron 2.826 casos de investigación por amenazas a personas defensoras de derechos humanos. Los años 2019 y 2020 han sido los más complejos al registrar 1.109 y 1.028 casos respectivamente. La respuesta al derecho de petición no específica las vulneraciones que sufren los defensores mientras ejercen su trabajo durante las protestas sociales. La ausencia de datos oficiales es una pista del desinterés del gobierno sobre el rol que ejercen quienes protegen los derechos de los civiles en las protestas.

En ese sentido, Germán Cortés, doctor en estudios sociales, explica que la protesta social como acto legítimo y propio de la democracia, se ha visto perturbada por las decisiones de la estructura central del Estado ”que desconoce muchas veces el derecho fundamental y que vulnera de manera directa principios; entre esos principios están los que podríamos relacionar con los derechos humanos”.

“El tema de derechos humanos en Colombia es catastrófico. Es uno de los países donde más defensores de derechos humanos son asesinados y, además de eso, son agredidos a través de hostigamientos públicos, a través de amenazas, seguimientos y otro tipo de situaciones de riesgo”, agrega Óscar Ramírez.

Cortés asegura que hoy en la pretensión de deslegitimar, de estigmatizar, de criminalizar la protesta social, aparecen mensajes supremamente escuetos respecto a quién debe defender el defensor o la defensora, “claramente defiende al actor civil (...) El defensor de derechos humanos o la defensora tienen una tarea profunda y es velar por los derechos del actor civil, del actor desarmado. Entre otras, porque hay una relación de fuerzas que no es equivalente”.

Erika Prieto, vocera de la comisión nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, le exige al Gobierno y a la Fuerza Pública: “¡Que pare! Que pare de agredirnos. Que pare de matarnos. Que pare de judicializarnos. En realidad, creo yo, está atacando a las personas más lindas que tiene este país. Cuando a los defensores nos están matando, están matando la gente que trabaja de manera desinteresada, que trabaja con su voluntad, que quiere el beneficio colectivo (...) La gente que está en la calle, no está en la calle porque quiera o porque no tenga más nada que hacer”.

En el terreno de la protesta las amenazas, insultos, armas y escudos determinan lo que sucederá. Es inevitable saber la forma en que reaccionarán los manifestantes y la Fuerza Pública, sin embargo, entre piedras y gases, los defensores y defensoras de derechos humanos no bajan la guardia por defender los derechos de los manifestantes. Armados con el chaleco y un carné, corren incluso cuando muchos se alejan del lugar. Sus esfuerzos los hacen veedores de la justicia de quienes levantan su voz en la protesta, y a pesar de que se encuentran en inminente riesgo no dejan de salir a trabajar por quienes los necesitan.